En mayo de 2017, todas las advertencias sobre la inminencia de un ciberataque global de magnitudes inimaginables parecían hacerse realidad de la mano de WannaCry. Este ransomware contagió millones de dispositivos en todo el mundo, poniendo en jaque tanto a multinacionales como a instituciones públicas. Finalmente, el ataque pudo detenerse gracias a la intervención de un hacker aficionado, si bien su impacto en muchas empresas fue notable. Un caso paradigmático sobre las consecuencias del ciberataque lo encontramos en las compañías españolas.

España fue el 18º país más afectado por el virus WannaCry, con firmas afectadas tan importantes como Telefónica, un gigante en el sector europeo de las telecomunicaciones. Solo en los cinco primeros días se contabilizaron casi 250 direcciones IP bloqueadas y otras casi 2.800 muy vulnerables a un posible contagio. Todo ello se tradujo, lógicamente, en un notable desembolso por parte de las empresas afectadas para restaurar sus equipos, sanear sus redes y empezar a construir escudos más sofisticados. Esta última fue, precisamente, la única consecuencia positiva del ataque.

Las empresas españolas entendieron que, por norma general, habían relativizado excesivamente las amenazas digitales. WannaCry marcó un antes y un después para muchas de ellas, que pasaron a ver los sistemas de seguridad online como una inversión imprescindible y no como un gasto poco justificado. Así, apenas un año después de aquellos críticos días, la práctica totalidad de las grandes corporaciones españolas pueden presumir de contar con protección muy avanzada frente a los ciberataques. La figura del experto en ciberseguridad cotiza muy alza en estas empresas.

Claro que si el ejemplo de las compañías de mayor tamaño resulta muy estimulante, las pequeñas y medianas empresas están encontrando más dificultades para protegerse. Para los negocios más modestos, invertir en ciberseguridad obliga a interpretar sus presupuestos de la manera más creativa posible. Consecuentemente, muchos responsables de empresas pequeñas españolas saben que la amenaza es real pero prefieren esperar. Esta mentalidad ha sido cuestionada por algunas de las voces más autorizadas en el campo de la seguridad digital, puesto que suponer aguardar a que entren a robar en casa del vecino para instalar una alarma en tu hogar.

La entrada en vigor del último Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (organización de la que España es uno de los socios más destacados) puede ser un estímulo para que las pymes completen sus tareas pendientes. Para poder gestionar correctamente los datos de los consumidores, es necesario seguir una serie de inflexibles protocolos en materia de seguridad. En caso contrario, todos los negocios españoles se exponen a multas, sanciones e incluso su cierre. Sea como sea, parece que los ecos de WannaCry siguen causando temor en España.

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